Harvey forma parte de las empresas que adaptan la inteligencia artificial generativa a las exigencias de una profesión en lugar de ofrecer un asistente de propósito general. Con sede en San Francisco, la compañía estadounidense se dirige principalmente a despachos de abogados y departamentos jurídicos de empresas. Su plataforma, presentada en harvey.ai, busca reducir el tiempo dedicado al procesamiento de documentos y a determinadas tareas de redacción jurídica, en un sector donde la confidencialidad y la fiabilidad son determinantes.
Un encuentro entre el derecho y la investigación en IA
Harvey fue fundada en 2022 por Winston Weinberg, antiguo abogado, y Gabriel Pereyra, investigador en inteligencia artificial que trabajó, entre otras empresas, en DeepMind y Meta. Este tándem combina el conocimiento de la práctica jurídica con la experiencia en modelos de aprendizaje automático. La empresa contó desde muy pronto con el respaldo del OpenAI Startup Fund y, posteriormente, con el de inversores como Sequoia Capital.
Su visibilidad aumentó en 2023 con el anuncio de su implantación en Allen & Overy, despacho actualmente integrado en A&O Shearman. Una alianza con PwC también puso de manifiesto su potencial más allá de los despachos de abogados, especialmente en las actividades jurídicas y fiscales. Estos acuerdos contribuyeron a dar a conocer un enfoque centrado en los usos profesionales del derecho.
Herramientas para trabajar en los expedientes
La plataforma permite realizar consultas sobre documentos, generar resúmenes, comparar cláusulas y preparar borradores de textos. También facilita la investigación jurídica y la revisión de grandes volúmenes de documentación, por ejemplo durante una auditoría de adquisición. El objetivo es incorporar la IA a los métodos de trabajo existentes, con funciones adaptadas a los expedientes y a la información propia de cada organización.
Harvey se apoya en grandes modelos de lenguaje, combinados con funciones especializadas y fuentes documentales. Su propuesta comercial se basa en una oferta de software destinada a organizaciones, en lugar de un servicio para el público general. Por tanto, la gestión de accesos, la protección de datos y la posibilidad de verificar los elementos utilizados en una respuesta constituyen criterios esenciales para sus compradores.
Sin embargo, estas herramientas no eliminan las limitaciones de la IA generativa. Una respuesta plausible puede contener un error, una referencia inexacta o una interpretación inadecuada para el contexto. La revisión por parte de un jurista sigue siendo necesaria, especialmente cuando el resultado compromete a un cliente o sirve de base para una decisión.
¿Y ahora qué?
Para Harvey, el reto consiste en transformar las primeras implantaciones en usos duraderos, medibles e integrados en los sistemas de los clientes. Su desarrollo dependerá, en particular, de su capacidad para abarcar distintas jurisdicciones, documentar la calidad de los resultados y responder a las exigencias locales de confidencialidad. Frente a las editoriales jurídicas consolidadas y los asistentes de propósito general, la diferenciación dependerá de la pertinencia de las fuentes, la profundidad de las funciones específicas de la profesión y la confianza de los usuarios. La evolución de la facturación de los servicios jurídicos también podría influir en la forma de valorar las mejoras de productividad.